Una Colaboración de:
Master en economía, especialista en gestión de políticas públicas
Fran.sorto@gmail.com
Un tema de análisis recurrente, de debate y de propuestas diversas en nuestro país, está relacionado con las finanzas públicas y la carga tributaria, entendida ésta como el porcentaje que representan los ingresos tributarios respecto al Producto Interno Bruto, a lo largo de un período contable determinado.
De hecho el manejo de la tesorería ha de ocasionar pesadillas frecuentes a los Ministros de Hacienda, ya que deben distribuir los ingresos percibidos de los contribuyentes, principalmente, entre una multiplicidad de actividades ejecutadas a través de instituciones públicas o con el patrocinio público, incluyendo el pago de los intereses derivados de la deuda soberana; la suma de estos desembolsos se conoce, convencionalmente, como gasto corriente.
Además, a los Ministros les corresponde identificar fuentes potenciales de financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión pública, la cual representa uno de los motores más importantes para el crecimiento económico de cualquier sociedad moderna, dado que, si los proyectos reportan un rendimiento social superior al costo de oportunidad de los recursos usados en su ejecución, se puede afirmar que la riqueza nacional habría aumentado; pero si la rentabilidad social es inferior al costo de oportunidad de los referidos recursos, se podría decir que la riqueza nacional habría disminuido al ejecutarlos; en otras palabras, el país sería más pobre en su conjunto.
En ese sentido, la gestión del crédito para sufragar excesos de gasto, léase déficit fiscal para simplificar el análisis, representa un verdadero obstáculo temporal para el crecimiento económico; agravándose la situación si el desequilibrio fiscal se vuelve duradero, ya que esto comprometerá parte de los ingresos futuros en el pago de la deuda contraída para mantener un consumo excesivo en el presente, especialmente si éste no corresponde a inversiones socialmente rentables para el colectivo imaginario.
Por lo anterior, la discusión sobre los ingresos públicos debe considerar, obligatoria y simultáneamente, la racionalidad del gasto, particularmente al seleccionar los proyectos que serán financiados por los contribuyentes, ya que si estos recursos se distraen de actividades productivas y se invierten en proyectos cuya rentabilidad resulta inferior al uso alternativo que tenía, la sociedad en su conjunto habría hecho un mal negocio.
Esto distingue la inversión pública chilena, que al contar su Gobierno con un sistema eficaz de evaluación social de proyectos, puede priorizar mejor su gasto y ejecutar los proyectos socialmente más rentables, dentro de la restricción presupuestaria que enfrenta todo agente económico, en un momento determinado.
El Salvador dispone de un sistema de calificación de proyectos para evaluar su conveniencia social o no, y fue concebido para optimizar la asignación de recursos públicos, pero es susceptible de mejoras para convertirlo en un sistema básico al elaborar el Presupuesto General de la Nación, incorporando siempre, por supuesto, la visión estratégica de desarrollo promovida por el Gobierno de turno. Esto hace la empresa privada, asume metas, identifica proyectos congruentes con éstas y valora entre fuentes alternativas de financiamiento, qué estructura de capital le resulta más conveniente.
En el caso del sector público este ejercicio debería ser bastante parecido, ya que las metas de desarrollo se logran, únicamente, mediante la ejecución de proyectos que tengan un impacto favorable significativo sobre las condiciones de vida de la población; esto no quiere decir que todos los proyectos deban orientarse hacia infraestructura productiva (carreteras, puentes y puertos, por ejemplo).
La idea central de este análisis gira en torno a la necesidad de definir prioridades respetando ciertos criterios de rentabilidad social al formular proyectos de inversión pública; por más ingresos que se tengan, nunca serán suficientes para ejecutar un programa de desarrollo significativo, si no se definen antes cuáles serán las prioridades y los criterios para evaluar los proyectos con las cuales se pretenderán atender. Es necesario trascender, entonces, hacia un esquema de evaluación social de proyectos que ofrezca mayores posibilidades de éxito para elevar la calidad de vida de la población.
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