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lunes, 28 de febrero de 2011

Meritocracia y eficiencia pública

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com

La meritocracia constituye una forma de gobierno basada en los méritos demostrables de las personas, donde las posiciones jerárquicas de las organizaciones se conquistan con base en el mérito individual, la observancia de valores colectivos y en el espíritu de una sana competencia, tal como con han sido formados los profesionales en la mayoría de países del mundo, tomando en cuenta por ejemplo, la excelencia en la educación o el desempeño histórico del profesional.

El Presidente de la República al tomar posesión de su cargo, destacó que promovería una gestión pública de corte meritocrática y la revisión que está haciendo una comisión, de alto nivel, para conocer diversos casos de suspensión de contratos en la administración pública parecen apuntar en esa dirección.

Dicha inspiración se vuelve palpable cuando los funcionarios públicos, por ejemplo, son seleccionados de acuerdo con su capacidad y siguiéndose procesos rigurosos de exámenes de ingreso, a la burocracia estatal.

Aunque en la mayoría de los países de la región podemos observar estos principios de contratación, sólo en Singapur y Finlandia se utilizan, de manera sistemática, estándares basados en méritos para seleccionar, inclusive, funcionarios de primer nivel para dirigir las instituciones públicas, es decir, las posiciones que en nuestros países se consideran puestos de confianza –políticos-, lo cual puede resultar extremo.

Sin embargo, en varios países desarrollados, particularmente aquellos de reciente industrialización, la contratación de los profesionales más competentes para la administración pública se ha convertido en una norma; Corea del Sur, Japón y Taiwán, son algunos ejemplos que se deberían estudiar en esta materia, donde el Estado de nutre de los mejores graduados universitarios.

El principal argumento en favor de la meritocracia es que asegura mayor eficiencia respecto a otros sistemas jerárquicos, dado que las distinciones entre los funcionarios, con mayor responsabilidad, no responden a criterios de sexo, raza, riqueza o posición social, etc. Esto no significa que con ello se pretenda acabar con las diferencias sociales existentes en la economía, sino que la motivación de instaurar un sistema de planificación estratégica del RRHH, en estas entidades, sería garantizar que los esfuerzos individuales en que se basa la prosperidad de las sociedades abiertas, se refuercen permanentemente y prosperen organizaciones eficientes; todo ello en beneficio de los contribuyentes.

Cabe destacar aquí, que el desempeño de la gran mayoría de empresas exitosas se basa, precisamente, en los procesos de selección seguidos para contratar su personal e inclusive, lo podemos apreciar en las organizaciones académicas, donde los resultados del perfil de salida de sus graduados no dependen, exclusivamente, del proceso de enseñanza aprendizaje adoptado, sino que además, del modelo educativo implantado para tales efectos, incluyendo, la definición del perfil de entrada exigido a los estudiantes que deseen matricularse y coronar sus carreras en dichos centros.

Si como gestores sabemos que los resultados dependen de la calidad de los recursos usados en el proceso de producción, incluyendo las competencias del RRHH contratado, las Instituciones Públicas se beneficiarían al seleccionar profesionales que les ayuden a asignar el presupuesto institucional de una mejor manera, en función de las políticas que deben administrar a través de ellas, en beneficio del colectivo imaginario.

Siempre que hay cambio de gobierno se insiste en la necesidad de promover una reforma administrativa del Estado orientada a mejorar la calidad del recurso humano que labora en sus dependencias; se habla además, de la necesidad de escalafonarlos y de proteger su estabilidad mediante reformas a la Ley del Servicio Civil; sin embargo, se ha avanzado poco en ello; esperemos que en esta ocasión, sí se lleve a cabo este tipo de esfuerzos en beneficio de la eficiencia y economía con deben administrarse los fondos públicos; la historia se ha encargado de demostrar que la amistad puede ser necesaria para escoger colaboradores, pero no es suficiente para obtener resultados positivos en la administración pública.

viernes, 25 de febrero de 2011

PLANES DE GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y NECESIDADES COLECTIVAS

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com

Las instituciones públicas son importantes porque a través de ellas se ejecutan las políticas públicas diseñadas por el Gobierno para resolver necesidades colectivas que, por diferentes circunstancias, requieren de la intervención del Estado para garantizar su satisfacción a nivel general, sin que esto signifique que deba prestar todos los servicios que, en materia de derecho administrativo, se consideran de naturaleza pública; sin embargo, está en la obligación de promover su provisión.

En algunos casos, debido a restricciones presupuestarias, decisiones políticas o algún tipo de deficiencia institucional, el Estado concesiona la prestación de servicios públicos, para lo cual reglamenta su provisión, emite los actos condición para que terceros asuman la tarea de prestarlos y además, emite los actos jurídicos necesarios para el reconocimiento de derechos a los concesionarios, los cuales no pueden ser restringidos arbitrariamente, en el futuro, sin compensarlos por la pérdida o restricción de los derechos que se habían otorgado (seguridad jurídica).

Inclusive, el Estado debe cerciorarse que las condiciones previstas para la prestación de servicios complementarios a las políticas públicas, pero de naturaleza privada, sean consistentes con ciertos estándares de calidad; caso contrario, el Estado puede restringirle a los privados su prestación, aunque no se utilicen para tales propósitos recursos públicos, tal es el caso de las instituciones privadas de educación, que al ser evaluadas por el Ministerio de Educación pueden verse impedidas para operar porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias para brindar servicios educativos, dentro de ciertos parámetros; lo mismo pasa con las instituciones que prestan servicios privados de salud, que deben estar acreditadas ante Consejos de Vigilancia; lo mismo sucede con las instituciones financieras.

Dependiendo de la gravedad y amplitud de los problemas colectivos, así son las prioridades que ocupan en los planes de Gobierno y la importancia estratégica que tienen las instituciones encargadas de administrar políticas públicas concretas.  Dado que la visibilidad de los problemas cambia con el tiempo, gracias al éxito o fracaso de las políticas públicas implementadas para su atención, la importancia estratégica de las instituciones públicas también cambia conforme se modifica la ontología del problema que demandó su creación.

Es por esta razón que instituciones como la Fuerza Armada, por ejemplo, tienden a crecer en épocas de conflicto y de amenazas a la soberanía nacional; o cuando crece la delincuencia, las entidades encargadas de la seguridad interna deben readecuarse a las exigencias temporales; mientras que, cuando la gravedad o amplitud de las necesidades colectivas están controladas, las instituciones que administran políticas en esos ámbitos, suelen achicarse para liberar recursos y utilizarlos así, en otras prioridades sociales.

Es por esta razón que cuando se impulsan programas nuevos, o se redefinen otros ya existentes, las instituciones encargadas de administrar las políticas que les han dado vida, sufren algún tipo de transformación; adicionalmente, dichos cambios suelen revelar, a la vez, cuáles son las áreas esenciales para el Gobierno; se refuerzan las instituciones responsables de proyectos y programas estratégicos y se les resta protagonismos a aquellas que intervienen sobre problemas colectivos de menor importancia (menos graves).

En todo caso, es necesario fijarse en las misiones de las instituciones que reciben más apoyo a fin de identificar dónde están las apuestas estratégicas del Gobierno; si la salud pública es importante para éste, destinará más recursos a las instituciones relacionadas con dicha cartera de Estado y promoverá su fortalecimiento institucional; si la preocupación es el sanidad de las instituciones financieras, reforzará las competencias de las instituciones reguladoras del crédito y de la captación de ahorro del público en el país.

De ahí que, para hacerse una idea de la orientación de los planes de Gobierno, no sólo hay que fijarse en los discursos, debemos ver las políticas públicas promulgadas, los recursos presupuestarios que las respaldan, el diseño organizacional en que descansa su ejecución y la orientación de las instituciones a través de las cuales se pretenden impulsar.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Cosas que se aprenden en un MBA

Hace un año que duermo menos y me interesan temas que antes no pensé que lo  harían. Eso de volver a estudiar después de casi diez años tiene un sabor  agridulce.

La ventaja de someterse a cursos de post-grado es que se tiene otra mentalidad al estudiar, ya no importa tanto la nota del examen, si no, si lo que se está  aprendiendo puede tener una aplicación en la vida profesional.

La metodología de estudio involucra hacer casi todos los trabajos en equipo, he tenido la dicha de estar en uno muy bueno. Este grupo de profesionales, inicialmente estaba integrado por: una administradora de empresas, una abogada, una ingeniero industrial y su servidor, también ingeniero industrial.Hasta aquí,  nada extraordinario, sin embargo cada uno de nosotros ha tenido experiencia en diversos sectores productivos. De ahí viene la lección.

Si ampliamos un poco la descripción les podría decir que mi equipo está  integrado por: la banca, la industria, la cooperación internacional, el sector profesional y recientemente se nos incorporó el gobierno, al menos un representante, el cual es contador.

Con este equipo hemos comido, reído, desvelado y trabajado, todo nos ha salido muy bien. Hemos tenido un par de discusiones, nada grave, pero nos hemos puesto de acuerdo. Nos respetamos también.

¿Qué pasaría si en nuestro país la banca, la industria, la cooperación internacional, el sector profesional y el gobierno trabajaran juntos?

Creo que dejaríamos de ser un país tercermundista.

martes, 22 de febrero de 2011

EFECTIVIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Una Colaboración de:
Francisco Sorto Rivas
Master en economía, especialista en gestión de políticas públicas
Fran.sorto@gmail.com

Un tema de análisis recurrente, de debate y de propuestas diversas en nuestro país, está relacionado con las finanzas públicas y la carga tributaria, entendida ésta como el porcentaje que representan los ingresos tributarios respecto al Producto Interno Bruto, a lo largo de un período contable determinado.

De hecho el manejo de la tesorería ha de ocasionar pesadillas frecuentes a los Ministros de Hacienda,  ya que deben distribuir los ingresos percibidos de los contribuyentes, principalmente, entre una multiplicidad de actividades ejecutadas a través de instituciones públicas o con el patrocinio público, incluyendo el pago de los intereses derivados de la deuda soberana; la suma de estos desembolsos se conoce, convencionalmente, como gasto corriente.

Además, a los Ministros les corresponde identificar fuentes potenciales de financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión pública, la cual representa uno de los motores más importantes para el crecimiento económico de cualquier sociedad moderna, dado que, si los proyectos reportan un rendimiento social superior al costo de oportunidad de los recursos usados en su ejecución, se puede afirmar que la riqueza nacional habría aumentado; pero si la rentabilidad social es inferior al costo de oportunidad de los referidos recursos, se podría decir que la riqueza nacional habría disminuido al ejecutarlos; en otras palabras, el país sería más pobre en su conjunto.

En ese sentido, la gestión del crédito para sufragar excesos de gasto, léase déficit fiscal para simplificar el análisis, representa un verdadero obstáculo temporal para el crecimiento económico; agravándose la situación si el desequilibrio fiscal se vuelve duradero, ya que esto comprometerá parte de los ingresos futuros en el pago de la deuda contraída para mantener un consumo excesivo en el presente, especialmente si éste no corresponde a inversiones socialmente rentables para el colectivo imaginario.

Por lo anterior, la discusión sobre los ingresos públicos debe considerar, obligatoria y simultáneamente, la racionalidad del gasto, particularmente al seleccionar los proyectos que serán financiados por los contribuyentes, ya que si estos recursos se distraen de actividades productivas y se invierten en proyectos cuya rentabilidad resulta inferior al uso alternativo que tenía, la sociedad en su conjunto habría hecho un mal negocio.

Esto distingue la inversión pública chilena, que al contar su Gobierno con un sistema eficaz de evaluación social de proyectos, puede priorizar mejor su gasto y ejecutar los proyectos socialmente más rentables, dentro de la restricción presupuestaria que enfrenta todo agente económico, en un momento determinado.

El Salvador dispone de un sistema de calificación de proyectos para evaluar su conveniencia social o no, y fue concebido para optimizar la asignación de recursos públicos, pero es susceptible de mejoras para convertirlo en un sistema básico al elaborar el Presupuesto General de la Nación, incorporando siempre, por supuesto, la visión estratégica de desarrollo promovida por el Gobierno de turno.  Esto hace la empresa privada, asume metas, identifica proyectos congruentes con éstas y valora entre fuentes alternativas de financiamiento, qué estructura de capital le resulta más conveniente.

En el caso del sector público este ejercicio debería ser bastante parecido, ya que las metas de desarrollo se logran, únicamente, mediante la ejecución de proyectos que tengan un impacto favorable significativo sobre las condiciones de vida de la población; esto no quiere decir que todos los proyectos deban orientarse hacia infraestructura productiva (carreteras, puentes y puertos, por ejemplo).

La idea central de este análisis gira en torno a la necesidad de definir prioridades respetando ciertos criterios de rentabilidad social al formular proyectos de inversión pública; por más ingresos que se tengan, nunca serán suficientes para ejecutar un programa de desarrollo significativo, si no se definen antes cuáles serán las prioridades y los criterios para evaluar los proyectos con las cuales se pretenderán atender.  Es necesario trascender, entonces, hacia un esquema de evaluación social de proyectos que ofrezca mayores posibilidades de éxito para elevar la calidad de vida de la población.

jueves, 17 de febrero de 2011

La vida es ahora mismo

“Ahora mismo, la vida es ahora mismo”, dice la canción de Cabral, hace un par de días la volví a escuchar y me recordó a mi papá; le encantaba esa música. Curiosamente ni a mi mamá ni a mi esposa le gusta.

En mi adolescencia pasaba horas oyendo a Cabral y Alberto Cortez (nunca fui el alma de la fiesta), hubo canciones que me dejaron pensando en el futuro.

A los cuarenta o los cincuenta, particularmente los hombres, comienzan a pensar en lo que logaron hacer en su vida y lo que les queda por delante. Se vuelven más existencialistas.

Cuando se es joven hay una ansiedad por comerse el mundo, se está lleno de ideales, pero conforme pasa el tiempo la realidad se encarga de dejarlos morir de hambre. Ya no los alimentamos
.
Dentro de poco llegaré a mis 34 años,  estoy a la mitad de mi vida y me he dado cuenta que la vida es ahora mismo. Lo que haga hoy será parte de mi historia, la cual pretendo contar a mis nietos. Más me vale hacer las cosas bien.

Para quitarle ansiedad al futuro necesitamos poner manos a la obra hoy. Ser mejor hijo, ser mejor padre, mejor esposo, mejor profesional, mejor ciudadano, hoy.

¿Y si todos lo hiciéramos? Probablemente dejaríamos de ser un país tercermundista.

martes, 8 de febrero de 2011

¡Tiremos Piedras!

Hace unos días un amigo y seguidor del blog me hizo un comentario sobre los post que hemos estado haciendo desde el mes pasado: "esta es tu forma de tirar piedras y manchar paredes".

Me pareció simpático el comentario, no deja de tener razón.

Las personas que se manifiestan en las calles, haciendo daño a la propiedad privada, están llamando la atención, con el bono adicional de cometer un delito.

Por mi parte espero no cometer ningún delito, a menos que alguien se de por aludido y reclame daños a su persona (realmente espero que no pase, le tendría que dar un cheque posfechado al año 2045, fecha en la cual tendré mi pensión de jubilado).

Como dijera Aristóteles, "el hombre es un animal político" (y hay políticos que son... unas grandes personas), por lo que al emitir opiniones, al debatirlas, estamos haciendo política; la cual es una forma más civilizada de tirar piedras, aunque no menos sangrienta.

Es importante que la generación que está en sus veinte y tantos o treinta y pocos se interese en la política, de lo contrario pasará lo que dijera Arnold Toynbee: "El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan".

Si a ud. no le gustan sus políticos (porque son suyos, ud. les paga) y cree que necesitamos hacer las cosas diferentes, haga algo, participe, tire piedras.

Tal vez si logramos hacer un cambio en la clase política podríamos sentar las bases para dejar de ser tercermundistas.

lunes, 7 de febrero de 2011

¿Cuánto cuesta El Salvador?

Hace un par de semanas escuché al Ministro de Hacienda de El Salvador decir que tenemos que ponernos de acuerdo en el tipo de país que queremos tener, luego, ver cuánto cuesta.

Sin hacer muchos números, creo que debería ser menos de lo que nos cuesta actualmente.

Para un país como el nuestro, pagar $1,800 a un motorista o $1,200 a un ordenanza, es excesivo. Tal vez en la Asamblea Legislativa no estén conscientes de ello.

Si a los excesivos salarios, lastimosamente comunes, del Órgano Legislativo y Judicial le sumamos la ineficiencia y el exceso de personal, nos resulta que el derroche de dinero que sale de nosotros, los contribuyentes, es inaceptable.

El principal problema de El Salvador no es la violencia, ni el exceso de endeudadmiento, ni los problemas de liquidez, ni la falta de incentivos a la competitividad, a mi juicio es la CORRUPCIÓN.

Sin corrupción no necesitaríamos pedir más dinero prestado para seguir financiando un aparato estatal que se llena las manos a costa de los que no tenemos más opción que pagar impuestos. Sin corrupción tendríamos mejores hospitales, con suficiente medicina. Sin corrupción tendríamos mejor gente en el gobierno, gente que llegue por sus capacidades no por sus conectes.

Probablemente, sin corrupción tendríamos una mejor Asamblea y un mejor sistema judicial.

Pero bueno, son las cosas que pasan en los países tercermundistas.